El supuesto caso de gatillo fácil despertó críticas en políticos y defensores de derechos humanos

. Salta

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Hay quienes exigen apartar al jefe de la Policía, otros que ven a un Estado cada vez más represor y algunos que les preocupa la falta de garantías constitucionales en estos casos.

La muerte de Nahuel Salvatierra no solo conmocionó y generó dolor en la familia y los vecinos de barrio Solidaridad, donde creció y perdió la vida en un episodio en el que dos policías están involucrados y acusados de homicidio, sino que despertó serias críticas entre los dirigentes políticos y las organizaciones de derechos humanos.

Desde el reclamo de apartar a la cúpula de la policía hasta el pedido de maximizar la democratización de la fuerza para evitar un Estado represor, pasando por quienes exigen mejores políticas que aborden las problemáticas sociales de fondo, fueron algunas de las opiniones que cuestionaron el accionar policial en la zona sudeste.

La ex diputada del Partido Obrero, Gabriela Jorge fue una de las que enfatizó que el Jefe de la Policía y el Comisario de la zona deben ser apartados de su cargo. Según observó, en los barrios más pobres de Salta hay una escalada represiva desde hace un tiempo. “Solidaridad es una zona de máxima pobreza, una zona obrera, y reprimen porque buscan un disciplinamiento sobre la población”, dijo.

Y, en este sentido, afirmó que la impunidad a la policía se la da el gobierno. “La policía es servil a los intereses del gobierno. La policía está ligada al gatillo fácil, al narcotráfico y a la violencia de género.  Si no contara con la complicidad del gobierno de turno, esto no pasaría”, subrayó.

La dirigente del Partido Obrero también expresó que el nuevo operativo represivo del domingo deja al descubierto que “no estamos frente a un hecho aislado sino que forma parte de una política sistemática de avanzada represiva, de razzia y apremios ilegales en los barrios”.

También desde las organizaciones defensoras de los derechos humanos fueron categóricos en sus posturas.

Fernando Pequeño, nieto del ex gobernador desaparecido en la última dictadura cívico militar Miguel Ragone, consideró que el asesinato de Nahuel y el posterior accionar presuntamente represivo a vecinos del barrio Solidaridad “resultan indicadores claros de una institución policial que se desmembra entre las cúpulas de conducción policial y del propio Ministerio de Seguridad, y las bases que operan en el territorio”.

Según su punto de vista, esto ya ocurrió en otras épocas de crisis social.  “Como en los setenta – ejemplificó-, cuando se relajó el control institucional de la seguridad frente al fantasma creado políticamente del enemigo interno; época en que los ciudadanos pensaban “por algo será”, cuando los grupos policiales desaparecían personas”. 

Dijo que es fundamental que la política de la conducción policial sea observada por legisladores y jueces, y caiga el peso de la ley sobre policías que abusan de la autoridad. En este sentido hizo un llamado a los legisladores, jueces, militantes y vecinos: “comprometámonos con la democratización policial; por Nahuel Salvatierra, y por cada caso de jóvenes salteños abusados por el poder policial que se va tornando inmanejable, en un estado que es cada día un poco más represor para instalar el disciplinamiento necesario que exige la extracción de riqueza a los que menos tienen”, enfatizó.

Desde la organización HIJOS Salta, Elia Fernández  se mostró preocupada por el caso Nahuel y el accionar policial. “Estamos muy preocupados de la violencia que hay en los barrios y creemos que la solución no es más manos dura, sino abordar de fondo social en los barrios, donde los chicos no tienen horizonte”, manifestó.  

Además consideró que esta situación demostró que “están anuladas  las garantías constitucionales; la policía entra a las viviendas sin una orden de allanamiento”.

En tanto, la concejal y dirigente de Memoria y Movilización Social, Jaqueline Cobo, opinó que lo sucedido con Nahuel “responde a problemas de bases muy serios”.

Según Cobos, en la zona sudeste existen altos índices de suicidio juvenil, violencia de género y conflictos entre los jóvenes y la Policía; por esto la dirigencia política tiene que trabajar en conjunto para resolver los problemas de la zona. “Esto es un llamado de atención que le costó la vida a un joven y que no puede volver a pasar bajo ninguna circunstancia”, apuntó.

No obstante, la edila dijo que vio predisposición para detener a los acusados y que la Justicia actúe.

También opinó el diputado nacional Alfredo Olmedo, quien consideró al caso como el resultado de "la inseguridad". Una vez más insistió en que tiene que volver el Servicio Militar Obligatorio para los jóvenes que no estudian ni trabajan. Además dijo que los menores de edad “no pueden estar solos en la calle a altas horas de la noche”.

Fuente: La Gaceta Salta

“Si hubo exceso del personal policial, no tengo dudas que esos efectivos deben ser condenados por la Justicia”, concluyó el diputado.

Fuente: Informate Salta