Por la violación a una menor, piden a Urtubey que derogue el decreto sobre abortos no punibles

. Sociedad

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Salta es la única provincia que impone el límite de las 12 semanas y no se aplicó el causal de salud para habilitar el acceso a la interrupción del embarazo.

Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres reiteraron el pedido ante el gobernador Juan Manuel Urtubey para que derogue el decreto 1170/12 que restringe el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violaciones.

Según explicó a LA GACETA Alfonsina Morales, directora del OVM Salta, la presentación plantea que se trata del decreto "más restrictivo que tiene el país para el acceso de las mujeres al aborto no punible y lo reiteramos sobre todo en el caso de niñas, cuando los embarazos por abuso se conocen cuando ya están avanzados", dice la especialista, en referencia a la imposición de un límite máximo de 12 semanas de gestación para poder solicitar el procedimiento.

"Hay un número de solicitudes y un número muy menor de abortos efectivos y ahí señalamos y ponemos en duda los motivos sobre por qué baja tanto la cifra de solicitudes a las de interrupciones realizadas" Alfonsina Morales, OVM

Morales agrega que en el caso de la niña salteña, que fue violada por su padrastro y supo de su embarazo cuando fue al hospital con su madre porque tenía dolores abdominales, no se tuvo en cuenta el causal de salud. "La OMS indica que cuando son abusos de niñas debe tipificarse el causal de salud, no solo el de violación. En este caso puntual debía ser tipificado dentro del causal de salud y por lo tanto no debería haber sido abarcado por el límite de las 12 semanas. Se le debería haber brindado esta posibilidad y esta información a la familia y nosotros tenemos serias dudas de que esto haya sido así".

El OVM está interviniendo en el caso ante el Ministerio de Salud para conocer si la familia de la niña abusada tomó la decisión con la información completa y sin prejuicios. "El límite de las 12 semanas solo se pone en Salta. La OMS no lo aplica. El fallo de la Corte Suprema tampoco pone ese límite. Es un invento provincial sumamente restrictivo. La evidencia científica, cuyo órgano máximo la OMS no reconoce ese límite", apunta Morales.

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El derecho de acceso a la información

Sobre la explicación oficial de que la familia de la niña embarazada habría optado por continuar con el embarazo, Morales explica que la intimidad no es parte de la investigación del organismo, pero que sí se puede "poner en duda y cuestionar" cuál fue el contexto en el que la niña y su familia tomaron la decisión.

"Queremos confirmar si estuvieron informados ampliamente de todos sus derechos, los riesgos para la salud y si la información les llegó sin estar sesgada por prejuicios. Esto es central porque si no se cumplieron estos requisitos se incurre en violencia institucional, si no se les brinda toda la información para que tomen la decisión".

Para conocer este aspecto del caso, el OVM pidió informes al Hospital Materno Infantil sobre las medidas tomadas y la contestación fue que en el marco del protocolo que tiene la provincia y por tratarse de un embarazo mayor a 12 semanas, no se podía aplicar la interrupción del embarazo no punible. "Por eso decimos que se incumplió porque debería haberse encuadrado en el causal de salud y no solamente en el protocolo restrictivo que tiene Salta".

Interrupciones no punibles de embarazos en Salta

Según las cifras más recientes del sacaron del informe anual del Observatorio, donde se realizó una investigación del real acceso al aborto no punible a partir de cifras del Materno Infantil, se determinó que de los 16 pedidos de interrupciones de embarazos realizados en el último año, solo cuatro se llevaron a cabo.

"Hay un número de solicitudes y un número muy menor de abortos efectivos y ahí señalamos y ponemos en duda los motivos sobre por qué baja tanto la cifra de solicitudes a las de interrupciones realizadas. Ahí está pasando algo, ¿por qué baja tanto?, ¿por qué hay tanto cambio de opinión' y si en ese cambio de opinión no hay falta de información, prejuicios o, en casos más graves, un incumplimiento de funcionario que hace que las mujeres y niñas no accedan a ese derecho que tienen", cuestiona Morales.

"Llama la atención que la mayoría retrocede en el proceso, o en el caso de que pasan las 12 semanas, se dilatan los tiempos para que se exceda el límite de la ley y no se puede llevar a cabo", concluye.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gaceta Salta